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miércoles, 11 de mayo de 2011
ROMÁN QUIAN ALCOCER CONTROLA AL SINDICATO DE NARCOTAXISTAS EN PLAYA DEL CARMEN
CANCÚN, Q.R., Miércoles 4 de Mayo 2011.
CONSTE!
EJECUCIONES Y ABUSOS
+ Playa del Carmen, peleada por los carteles de la droga
+ La prepotencia de los subalternos del general Villa
+ Y los tumbos del procurador Gaspar Armando García
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
Nuevamente hay baño de sangre en Playa del Carmen. El paradisiaco lugar --segundo destino turístico del estado— es hoy el escenario de una feroz disputa entre carteles del narcotráfico por el control de la importante plaza.
Y hay un temor generalizado en la población, que se agudiza ante el silencio de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE), que no confirma ni niega que se esté librando esa cruel guerra. Otra vez se esgrime el argumento de “no espantar al turismo” para ocultarle información a la ciudadanía.
A fines de abril se produjeron “levantones” y ejecuciones tan sanguinarias, como la decapitación de una persona.
No es sólo ese el reto que ya se le presenta al procurador Gaspar Armando García Torres, el único titular de la dependencia que, en el estado, ha sido antes presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
También tiene que lidiar con la prepotencia y los abusos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza el polémico general Carlos Bibiano Villa Castillo. Ayer martes Carlos Mejía y su padre formularon una queja ante la CDHE y ante la propia procuraduría contra el principal subalterno del militar duranguense, Manuel Jesús Cícero Salazar (Subsecretario), porque en un operativo que realizó en la zona de “El Crucero”, en pleno centro de Cancún, sus agentes encañonaron, insultaron y catearon al par de ciudadanos. Los policías no portaban identificación pero sí armas largas y capuchas.
Un día antes, el lunes 2, cuando Villa Castillo estaba en el muelle de pasajeros de Playa del Carmen para abordar el “ferry” y trasladarse a Cozumel, su exagerado aparato de seguridad provocó zozobra. Sus muchos escoltas se pusieron nerviosos al escuchar un ruido “raro” y uno de ellos disparó un tiro a lo loco, que por fortuna pegó en el suelo. Pudo ocurrir una tragedia.
Ese mismo día, el alcalde priista de Cozumel, Aurelio Joaquín González –apenas asumió el 10 de abril--, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Y ese es otro desafío para García Torres.
En esta columna periodística mencionamos que la denuncia del diputado federal panista Agustín Castilla Marroquín respecto a una “salida furtiva” del pederasta Jean Succar Kuri de la cárcel municipal de Cancún (finalmente desmentida), obligó al procurador quintanarroense a destituir como Director de Control de Procesos Internos a Efraín Ignacio Trujeque, quien hace años fue abogado defensor del empresario de origen libanés. Para algo más sirvió la denuncia del legislador: hoy miércoles, Succar fue trasladado por fuerzas federales a una prisión de alta seguridad, al parecer la del Altiplano, en estado de México.
Aquí establecimos días antes la necesidad de que el pedófilo fuese sacado del penal cancunense antes de que lo “liberaran” grupos poderosos que lo apoyan.
Respecto a Gaspar Armando García Torres, está más obligado que nadie a salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía. Pero también a analizar los expedientes personales de quienes son o serán sus colaboradores, para darle tranquilidad a la sociedad y al turismo.
En ese sentido, este periodista advirtió el sábado 30 de abril (columna EL JÚNIOR SUBPROCURADOR) sobre la novatez de José Antonio Nieto Bastida, así como las acusaciones que han sido formuladas contra sus “parientes incómodos”: su padre Félix Nieto Colín fue señalado el 8 de febrero de 2009 como uno de los varios personajes y empresas que violaron normas ambientales. Es propietario de Punta Piedra Cabañas.
Y al tío del subprocurador en la Zona Sur del estado, José Rosario Nieto Colín, le llovieron acusaciones en su calidad de titular en Tulum de la Delegación de Comunicaciones y Transportes (DCT), dependiente de Sintra. Junto con algunos de sus subordinados habría incurrido en actos de corrupción, sobre todo en la inspección del transporte público. A la par de su cargo público es socio del sindicato de taxistas “Tiburones del Caribe”. Y en 2002 habría sido ilegal su elección como regidor en el ayuntamiento de Solidaridad, según el PRD.
El lunes 2 de mayo, García Torres implícitamente refutó a este periodista y dio un espaldarazo a Nieto Bastida. Sin embargo, es lamentable que el procurador no proporcione argumentos sólidos en su afirmación. Se limita a exhibir una larga lista con los cargos que ha desempeñado el nuevo Subprocurador… pero todos son de escasa importancia. Y no se refiere a los “parientes incómodos”.
Más aún, el procurador se contradice al señalar que está consciente de que “el desempeño de un servidor público no puede desvincularse de sus actividades privadas”, porque la calidad moral es requisito indispensable en el ejercicio del poder. ¿No corresponde a la “actividad privada” de Nieto Bastida el hecho de que su padre y su tío hayan incurrido en presuntos ilícitos? ¿No tiene derecho la ciudadanía a conocer los pormenores de la vida privada de un servidor público de la envergadura de un Subprocurador de Justicia?. ¿No queda en entredicho su “calidad moral”?.
Deplorable también es que García Torres se oculte bajo las faldas del vocero del gobierno estatal para “desmentir”. ¿Así va a continuar, sin dar la cara ni afrontar directamente los problemas, sin que su dependencia emita los comunicados oficiales en cuestiones que le atañen?...
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ROMÁN QUIAN.- Una de las ejecuciones registradas la semana pasada ocurrió precisamente en el Ejido Playa del Carmen. Aparentemente fue esclarecida por la PPGJE. Se señala a narco-taxistas que están al servicio de la banda criminal de Los Zetas. Pertenecen al sindicato de ruleteros “Lázaro Cárdenas del Río” y cuyo secretario general es Jacinto Aguilar Silbarán, también regidor en el ayuntamiento presidido desde el pasado 11 de abril por Filiberto Martínez Méndez, uno de los impuestos por el diputado federal Carlos Joaquín González.
En septiembre y octubre del año pasado, en esta columna, dimos cuenta de cómo el ex alcalde de Solidaridad, Román Quian Alcocer, toleró que operaran los carteles de la droga en Playa del Carmen. Se benefició con ello. Como con el control del Ejido y del sindicato, el más próspero de Quintana Roo: sus integrantes son millonarios, un juego de placas está cotizado hasta en 800 mil pesos. “Chinto” Aguilar es su pariente.
Recordamos que el ex munícipe fue acusado en 2007 por la PGR (averiguación previa PGR/CHET/099/2007-II) por el ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas el 24 de marzo de 2002, y otro más en 2006. Nada se le hizo porque tenía fuero. Pero ya no.
¿Investigará el procurador el “cochinero” que dejó Quian en Playa del Carmen?. Lo más probable es que no. Porque el corrupto personaje es ya parte del gobierno estatal: director de la Administradora Portuaria Integral (API).
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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Twitter: @cantonzetina
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