CANCÚN, Q.R., Jueves 12 de Mayo 2011.
CONSTE!
¿QUÉ PASÓ EN LA CÁRCEL?
+ Cuatro muertes, muchas armas… y “El Piolín” ejecutado
+ Borge, Villa e Higinio deberían despejar las incógnitas
+ Cuando el Procurador se quejó del alcalde de Cancún
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
Las cuatro muertes ocurridas en menos de una semana dentro de la cárcel de Cancún, manejada por el gobierno del estado desde 2009 con un costo de casi 50 millones de pesos al año, revelan una aparente falta de voluntad del gobierno priista de Roberto Borge Angulo para acabar con el “autogobierno” y la feroz disputa entre bandas del narcotráfico que ya duran varios años.
Solicitar la presencia de efectivos del Ejército y de la Armada para sofocar el motín de ayer miércoles, y pedirle al gobierno federal el traslado de 148 reos de alta peligrosidad a un penal de máxima seguridad (fuera del estado), dan la idea de desesperación… y de la carencia de un plan para combatir la corrupción en la prisión cancunense.
Imposible creer que el mandatario estatal desconocía que dicha prisión es una “bomba de tiempo” donde se produjeron motines el 8 de diciembre de 2006 --hubo tres muertos--, el 24 de octubre de 2008 y el 8 de marzo de 2009 --fueron 22 lesionados--, así como varias fugas de internos.
Imposible creer que no sabía que desde hace años es controlada por el crimen organizado. Además, dos de los ex alcaides, Marco Antonio Mejía y Jorge Mendoza Argüelles, se encuentran encarcelados por presuntos nexos con los carteles de la droga. Otro factor explosivo es la sobrepoblación carcelaria: hay más de 1.200 reclusos en unas instalaciones con capacidad para sólo 450.
Las fechorías de los sicarios del narcotráfico presos en Cancún constituyen una clara evidencia de que han sido palabras huecas la “depuración” y las “estrictas medidas de seguridad” anunciadas por los militares contratados por Borge y que, de hecho, tomaron el control del penal desde fines de marzo, antes del relevo oficial en la gubernatura de Quintana Roo el pasado 5 de abril.
Así, las tragedias del 6 y 11 de mayo ponen en entredicho principalmente al general Carlos Bibiano Villa Castillo y a su ex subordinado en Torreón, el capitán Higinio Sánchez Baltazar, director de la cárcel.
En un estado de leyes, ambos funcionarios al menos deberían ser sometidos a investigación por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE) cuyo titular es el ex ombudsman Gaspar Armando García Torres. Y, además, citados a comparecer por el Congreso local que jefatura el priista Eduardo Espinosa Abuxapqui.
No hay indicios de que ello ocurrirá, a pesar del derecho que tiene la ciudadanía a conocer la verdad.
Al menos siete cuestiones deben ser cabalmente explicadas y esclarecidas por las autoridades:
1.- ¿Cómo es que reclusos tenían armas, incluso de grueso calibre --pistolas 9 milímetros--, que fueron aseguradas por las fuerzas públicas tras el motín del miércoles 11? ¿Acaso es falso que se hayan efectuado “exhaustivas revisiones” como la que supuestamente se llevó a cabo tras la triple ejecución perpetrada la noche del viernes 6?.
2.- ¿Por qué no se le impuso una especial vigilancia a Oscar Melchor Dzul Cortés, “El Piolín”, si ya había sido identificado como uno de los asesinos de tres integrantes de la banda de narcos “Los Pelones” en una de las celdas? ¿El motín fue realmente un “pretexto” para ejecutarlo?.
3.- ¿Con qué finalidad, el general Villa insistió en informar que sólo había tres lesionados, como consecuencia del amotinamiento matutino, cuando en realidad fueron por lo menos seis los heridos de bala --aparte del victimado--, según la declaración de Ricardo Portugal, director de la Cruz Roja en Cancún?. ¿Y por qué el militar declaró de inmediato que la rebelión de reclusos fue porque “perdieron el control de la comida”, para retractarse unas horas después y afirmar que todo se debió a “un ajuste de cuentas” contra Dzul Cortés?.
4.- ¿Por qué no se informa cuántas armas tenían en su poder los reclusos, y de qué tipo son, de qué calibre?. Aunque el propio Bibiano Villa aseguró que fueron decomisadas una pistola 9 milímetros y un arma larga, existe la sospecha fundada de que había más.
5.- ¿Algunos custodios y otros trabajadores del centro carcelario son culpables de “ayudar” a los indeseables sujetos que libremente introducen armas y drogas?.
6.- ¿En qué medida la militarización de mandos policiacos y penitenciarios en Quintana Roo contribuyó a la consumación del motín, y puede provocar otros hechos sangrientos?
7.- ¿Es verdad o no que Isabel Arvide Limón, la “asesora” de don Bibiano (ya Borge declaró que no es de él), tiene relación con la empresa que sin licitación de por medio fue contratada --“provisionalmente”, según el militar-- para proveer los alimentos en el penal?. ¿Y qué sueldo tiene, cuáles son sus funciones en realidad?...
(En uno de sus partes informativos, el Diario de Yucatán comentó ayer: “La molestia de los reos comenzó porque al parecer cambiaron al concesionario que prepara los alimentos, y que al parecer se trata de una persona muy cercana a la secretaría estatal de Seguridad Pública”).
Aparte, el sexagenario general duranguense, ex jefe de la policía de Torreón, dio una nueva muestra de su talante frívolo cuando, el mismo día del motín, soltó una frase con la que quiso aparentar ser gracioso: “Yo soy militar, cuando veo a una mujer, yo las adoro, yo las mato a besos”. Eso dijo cuando dos periodistas, un hombre y una mujer, le formularon preguntas al mismo tiempo. Respecto a la periodista Arvide Limón, dijo textualmente: “yo meto las manos al fuego por Isabel Arvides (sic); no nada más las manos, ¡el cuerpo entero!”.
En otra de sus ligerezas, el general Villa respondió: “Ah, eso si no sé”, cuando se le preguntó cómo es que su “asesora” tenía tanto conocimiento y experiencia en materia de seguridad pública.
Sin embargo, el sobrino-nieto de Pancho Villa confesó que la polémica periodista “sí tendrá mucho que ver en la compra de chalecos y armamento nuevo, porque sabe más que muchos generales… tiene una experiencia de más de 30 años en los temas de seguridad”.
Por lo demás, hace tiempo que gran número de ciudadanos reclama que la cárcel, situada en pleno centro de Cancún, entre las avenidas Andrés Quintana Roo y José López Portillo, sea reubicada. Y que, por supuesto, la agranden y le den más seguridad.
Muchas familias que habitan en los alrededores viven con el Jesús en la boca…
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EL RETO DEL PROCURADOR.- Gaspar Armando García Torres está particularmente obligado a actuar e informar con veracidad. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQR) emitió desde 2005 un buen número de recomendaciones a funcionarios estatales y municipales --incluidos los jefes de los penales-- que presuntamente incurrieron en abusos y violaciones a las garantías individuales. También se manifestó contra el hacinamiento de reos. Pero se quejaba amargamente de que no le hacían caso.
Antes, cuando el amotinamiento de reclusos del penal cancunense ocurrido el 8 de diciembre de 2006 (se fugaron unos 100 reos, la mayoría de los cuales fue recapturada), emitió una serie de recomendaciones al entonces alcalde Francisco Alor Quezada --de quien dependía la cárcel--, quien groseramente le respondió que “las acompañara con recursos económicos para poder atenderlas”.
El ombudsman denunció que Alor no le había dado respuesta a su solicitud de realizar las investigaciones pertinentes para determinar si --durante el motín-- hubo excesos en la intervención de los custodios y los elementos de seguridad pública, por lo que pidió al Cabildo de Benito Juárez (Cancún) realizara formalmente la petición. “Si se produjeron violaciones a los derechos humanos, se deben aplicar las sanciones”, advirtió.
García Torres habló del autogobierno en el penal cancunense: “Hay que reconocer que genera un orden. Sin embargo, es un riesgo porque fortalece a los propios internos e impone sus particulares reglas (…) En realidad es el principal problema, permite que se cometan abusos al interior de las cárceles. Hemos recibido denuncias por parte de los familiares en las que señalan que los internos sufren de extorsión por protección y trabajos obligatorios. Pero cuando nos apersonamos, los presos lo niegan, temen represalias. Bajo esas condiciones, nos faltan elementos para poder actuar”. Tales anomalías sólo han sido señaladas y consignadas en documentos, “pero hasta ahora no tenemos elementos contundentes para llevar a cabo una denuncia de tipo penal contra nadie, contra ninguna autoridad”.
¿Y ahora, en el motín del miércoles 11, hubo violaciones a los derechos humanos?. Juzgue el lector, mediante un video que se puede ver en estos links:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNdDrbrN-Tc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNdDrbrN-Tc#t=92s
En su informe del 5 de marzo de 2007, el entonces titular de la CDHQR dio a conocer que la cárcel municipal de Cancún obtuvo una calificación de 5.86, según el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, y el Cereso de Chetumal 5.47 de promedio.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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Twitter: @cantonzetina
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